La Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP), el cual revela que el Sistema penitenciario de Nuevo León obtuvo una calificación global de 7.02.
El objetivo es que las recomendaciones emitidas en el Diagnóstico puedan detonar acciones específicas para atender los principales desafíos que enfrenta el sistema penitenciario, y guiar a las autoridades involucradas en la adopción de medidas para garantizar y fortalecer los derechos humanos en los Centros de Reinserción Social (CERESOS), con enfoque en la integridad personal, la estancia digna, la reinserción social, las condiciones de gobernabilidad, y la atención brindada a los grupos de atención prioritaria.
La presidenta del organismo, Susana Méndez Arellano explicó que, durante el año 2022, se presentaron 26 recomendaciones para implementarse en el año 2023, por lo que se solicitaron constancias a la autoridad para documentar las acciones adoptadas para la observancia de las recomendaciones realizadas.
“Se llevó a cabo un ejercicio de evaluación mediante la revisión de las evidencias remitidas por la autoridad y de los hallazgos observados por personal de la Tercera Visitaduría de la Comisión; así como un recorrido en el que se aplicaron diversos cuestionarios a las personas privadas de la libertad en los CERESOS, entrevistas con las personas titulares o encargadas de los centros penitenciarios, con las personas encargadas de la seguridad y custodia, así como a las personas titulares de las áreas médica y técnicas”, puntualizó Méndez Arellano.
De 26 recomendaciones, la autoridad cumplió con el 38.46 por ciento, es decir que sólo cumplió con 10 de ellas, cumplió parcialmente con 11 y con 5 más no cumplió.
Es importante señalar que en cuanto a la obligación de procurar la reinserción social efectiva mediante los distintos programas institucionales, establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se documentó que de las 10,513 personas privadas de la libertad en los CERESOS el 56.46% no tiene actividad laboral; el 87.18% no participa en actividades educativas, y 26.75% no practica alguna actividad deportiva. Además, el análisis revela que, sólo en algunos casos se cumple con el pago del salario mínimo a las personas que trabajan en la industria penitenciaria.
En el año 2023, los centros penitenciarios en conjunto alojaban a 10,513 personas privadas de la libertad (9,953 hombres y 560 mujeres) estando diseñados para 9,763 personas; por lo que, presentaban una sobrepoblación del 7.68%.
De los 9,953 hombres privados de la libertad el 82.29% vive en condiciones de sobrepoblación.
En comparación con el año 2022, la población aumentó 8.43%, al pasar de 9,696 a 10,513 personas privadas de la libertad.
De la información brindada por las personas titulares de los Centros, se advierte que, en comparación con el año 2022, aumentó el déficit de personal de seguridad y custodia en un 9.55%; al pasar de un 49.11% a un 58.66%.
Del total de personas privadas de la libertad, 494 presentan algún tipo de discapacidad, lo que equivale a un 4.70% de la población penitenciaria; y 209 son extranjeras; lo que, representa el 1.99% de la población.
Cabe señalar que, el 50% de la población penitenciaria de los CERESOS 1 Norte, 2 Norte, y 3 Oriente que contestó las encuestas aplicadas, consideró que la calidad de los alimentos es mala; por su parte, en el CERESO Femenil casi el 59% de las personas encuestadas, señaló que la cantidad de los alimentos es insuficiente, y casi el 46% indicó que la calidad es mala.
En particular, en el CERESO 1 Norte algunas personas privadas de la libertad manifestaron que al solicitar al personal de seguridad y custodia el traslado al área médica para consultar, tardan varios días en recibir atención por el médico y en muchas ocasiones no reciben atención, además de que no se entregan de manera oportuna los medicamentos.
Asimismo, en el referido CERESO se detectó dilación para efectuar las gestiones necesarias para que, las personas privadas de la libertad sean referidas oportunamente a un hospital cuando requieren de atención especializada y un retardo en el suministro de medicamentos a las personas privadas de la libertad diagnosticadas con tuberculosis.
En el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2023 se emitieron 35 recomendaciones dirigidas a la autoridad penitenciaria, de las cuales 2 son normativas, 23 operativas y 10 materiales.
En las recomendaciones normativas se solicita elaborar, difundir y aplicar un nuevo reglamento interno para los Centros, el cual deberá estar homologado a lo dispuesto por los tratados internacionales y ordenamientos nacionales aplicables al sistema penitenciario, con perspectiva de género y de derechos humanos
Asimismo, elaborar y aplicar un manual de procedimientos para todos los Centros, en el que se establezcan criterios para verificar la calidad de los alimentos, su adecuada preparación y equitativa distribución, garantizando el uso de recipientes y utensilios en buen estado.
En el caso de las recomendaciones operativas, se encuentra aumentar la plantilla de personal de seguridad y custodia de los Centros con el propósito de cumplir con lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León; contar con personal técnico, médico, odontológico, de enfermería y de nutriología, suficiente para brindar una adecuada atención a las personas privadas de la libertad; contratar personal de pediatría para brindar una adecuada atención a las niñas y niños que viven con sus madres en el CERESO Femenil; garantizar en los Centros el suministro de medicamentos de forma oportuna y suficiente; fortalecer las acciones para la detección oportuna de casos de tuberculosis, el acceso inmediato a medicamentos, y seguimiento médico adecuado; implementar las acciones administrativas y presupuestarias para asegurar el traslado oportuno de las personas privadas de la libertad a hospitales para recibir atención médica especializada, cuando así se requiera.
Impera la necesidad de implementar las acciones necesarias para distribuir adecuadamente a la población penitenciaria, considerando la capacidad instalada de cada Centro, para evitar la sobrepoblación y hacinamiento; brindar a las mujeres privadas de la libertad información sobre salud sexual y reproductiva; asegurar que se brinden las prestaciones que correspondan, a todas las personas privadas de la libertad que laboren a cuenta de terceros; identificar los obstáculos que limitan la participación de las personas privadas de la libertad en actividades educativas y deportivas; e incorporar en el registro de las personas extranjeras existentes en los Centros, las acciones emprendidas para garantizar su derecho a la asistencia consular.
En las recomendaciones materiales destacan realizar las adecuaciones necesarias en la infraestructura de los Centros para que las personas con discapacidad puedan hacer uso de sus instalaciones; dotar a los Centros de espacios y materiales suficientes para garantizar atención médica oportuna; disponer en los Centros de un área de aislamiento respiratorio, distinta a la destinada para alojar a pacientes con sospecha de tuberculosis, y garantizar la adquisición de insumos, equipamiento y medicamentos suficientes y de calidad para la atención odontológica en los Centros.